RIO GRANDE, 20 DE DICIEMBRE 2024.- Han pasado 16 años desde la desaparición de Sofía Yasmin Herrera, y la Justicia aún no ha dado respuestas concretas sobre qué ocurrió ni dónde está la niña. Es momento de que el sistema judicial haga un mea culpa y reconozca que tanto la investigación como sus auxiliares han fracasado en este caso.
En junio de 2024, una partida de nacimiento enviada por el RENAPER de Bahía Blanca llevó al cierre de una línea de investigación que podría haber esclarecido el paradero de Sofía. Sin embargo, esta decisión fue rápidamente cuestionada por un ciudadano –quien prefirió mantener su anonimato–, señalando que «la única prueba válida para acreditar o desacreditar la identidad de una persona desaparecida es el estudio de ADN».
Finalmente, lo tan esperado: la Justicia autorizó el estudio de ADN de la niña B para determinar si es Sofía Herrera, esta decisión se tomó más allá de la negativa de la madre de la joven, quien asegura que no se trata de su hija. La Justicia actuó de oficio, priorizando el esclarecimiento del caso.
El mundo entero espera este resultado, aguardando que el procedimiento se lleve a cabo bajo los protocolos correspondientes en la cadena de custodia, garantizando la validez y transparencia de la prueba.
Actualmente, el testimonio de Carmen ofrece un camino claro para retomar la línea investigativa que apunta a esta joven residente en Resistencia, Chaco.
Es imperativo que las autoridades judiciales actúen con celeridad y responsabilidad, demostrando que, pese a los años transcurridos, la desaparición de Sofía sigue siendo una prioridad.
La sociedad espera respuestas, pero, sobre todo, exige justicia para Sofía Yasmin Herrera.
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