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Por 10 años: se promulgó la ley ovina con un presupuesto de $850 millones anuales

El régimen busca continuar con la normativa anterior para otorgar créditos a pequeños y medianos productores

Luego de que el Poder Legislativo prorrogara la llamada ley ovina, el Gobierno promulgó hoy el régimen para promoción, desarrollo y consolidación de la ganadería ovina y de llamas. La vieja normativa había vencido en abril pasado y el sector aguardaba con ansias que se extienda dicha ley. La misma busca promover y fomentar el desarrollo sostenido de la producción, “incrementando el agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos los eslabones de la cadena y el desarrollo regional”.

En este sentido, el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto nacional durante un periodo de 10 años un monto anual de $850 millones, que pasará a integrar el Fondo para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO). La anterior ley tenía una cifra de $80 millones.https://d5445b5f3b5c7519c3bda7e69279b9eb.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

Según describe la ley, las actividades prioritarias comprendidas en el régimen serán “la mejora de la eficiencia productiva, de la calidad de la producción y de los procesos de agregado de valor en todos los eslabones de la cadena”.EN LAS ZONAS LIGADAS AL CAMPO JUNTOS VOLVIÓ A APLASTAR AL FRENTE DE TODOS

Asimismo, buscará incrementar, mejorar y recomponer las majadas e incorporar nuevas tecnologías de producción, industrialización y de gestión; así como también impulsar el desarrollo productivo y asociativo, la gestión sanitaria e implementar las buenas prácticas ganaderas y de bienestar animal. También tiene en vista la compra de insumos, equipos y maquinaria necesarios para prestar al productor los servicios prediales, entre otros.

La Autoridad de Aplicación será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “pudiendo descentralizar en las unidades ejecutoras provinciales las funciones de convocatoria, análisis, aprobación, seguimiento y control de los proyectos y planes de trabajo, y la intimación, gestión de cobro y recupero de los fondos otorgados en concepto de Aportes Reintegrables (AR)”.SALVO EN UN PUNTO, NO ESPERAN CAMBIOS IMPORTANTES EN LAS POLÍTICAS DEL GOBIERNO PARA EL CAMPO

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En este contexto, la ley prevé la creación de la Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT) que tendrá “funciones consultivas y realizará el seguimiento de la ejecución de la normativa, efectuando las recomendaciones que considere pertinentes para el logro de los objetivos buscados”. La CAT podrá destinar un 5% del monto para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento.

Quienes quieran acceder a un crédito, podrán recibir los siguientes beneficios: “Apoyo económico reintegrable y/o no reintegrable para la ejecución del plan o proyecto, variable por zona, tamaño de la explotación, tipo de plan o proyecto de inversión y actividad propuesta y subsidio a la tasa de interés de préstamos bancarios”.

Por otra parte, según el detalle de la publicación, la Autoridad de Aplicación, previa consulta con la CAT, podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para “otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”. Del total asignado, dice la ley, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (Prolana) y el Programa Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina.

Según la normativa, el remanente de esos fondos se destinará a financiar campañas de información y difusión, estudios de mercado, acciones tendientes a la apertura y mantenimiento de los mercados, implementación de identificaciones geográficas, indicaciones de procedencia, denominaciones de origen, certificaciones orgánicas y normas de buenas prácticas productivas, ambientales, laborales y de bienestar animal, entre otras cuestiones.

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