Lo solicitó la ex marinera de la Base Naval Ushuaia que realizó la denuncia contra su superior directo en una causa que la Justicia fueguina decidió diferir hasta el 16 de mayo de 2024.

Una exmarinera de la Base Naval Ushuaia, víctima de supuestos abusos sexuales cometidos por un suboficial principal dentro de esa repartición de la Armada Argentina, pidió este miércoles a la Justicia de Tierra del Fuego que revise la decisión de postergar tres años más la realización del juicio oral y público, según aseguró en dialogo con Télam.

Es que el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Ushuaia decidió una nueva postergación para el inicio de las audiencias, pero hasta el 16 de mayo de 2024, es decir dentro de 3 años y cuando se cumplirán 11 años de los presuntos abusos.
El caso

El caso involucra al suboficial Reinaldo Cardozo, de 56 años, a quien le imputan haber abusado de la mujer cuando ella tenía 25 años (hoy tiene 32). Como consecuencia de ello, la joven debió someterse a un tratamiento psiquiátrico y psicológico.

Según especialistas, la causa puede sentar un precedente histórico porque «ventila hechos sucedidos dentro de una institución militar, pone en juego los códigos de silencio entre miembros de la fuerza y echa luz sobre la violencia de género en ámbitos castrenses», explicaron fuentes judiciales consultadas por Télam.
Las postergaciones

La fecha prevista para el inicio del juicio era el 29 de junio de 2020, pero debido a las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus, el Tribunal suspendió las audiencias.

Ahora, los jueces Alejandro Pagano Zavalía, Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla resolvieron una nueva postergación.

«Lucía», como le pidió a Télam que se la identifique para resguardar su verdadero nombre, asegura que batalló durante 7 años hasta lograr que la justicia procesara a Cardozo por los delitos de «abuso sexual simple en concurso ideal con abuso sexual agravado con acceso carnal y por pertenecer el imputado a una fuerza de seguridad, los que concurren idealmente con el delito de amenazas coactivas y mediando violencia de género», según surge del expediente judicial.

«Se me va la vida esperando justicia. Me costó mucho romper las cadenas del silencio para poder denunciar lo que me pasó. Fueron años de lucha y padecimientos, tanto físicos como psicológicos, que tuve que atravesar», contó Lucía.

La mujer explicó que con su abogada, Sofía Barbisan, realizaron una presentación para solicitar que se adelante el juicio y no tenga que esperar otros tres años.

«Me genera una angustia tremenda saber que este abusador sigue libre, viviendo una vida normal y en actividad dentro de la Armada, donde yo sufrí su violencia y también la violencia institucional. Confío plenamente en la justicia fueguina, y por ello pido a los jueces que revean esta situación», sostuvo la ex marinera.

También dijo que solicitó la intervención del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, y del director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.

«Necesito que mi caso siente un precedente dentro de las fuerzas armadas, que se termine la violencia de género y la violencia institucional. Y también quiero justicia y tranquilidad», expresó Lucía, que sigue viviendo en Ushuaia y tiene otro empleo.
El tetsimonio de la víctima

«Ingresé a la Armada en 2011 porque ser militar era un sueño y un anhelo. Yo veía los uniformes y sentía orgullo. Creía que podía servir a la Patria», recordó.

La mujer afirma que los abusos se produjeron a partir de 2013, cuando su superior, quien casi la doblaba en edad, estaba casado y tenía hijos, comenzó a acosarla sexualmente, hasta que en uno de esos hechos la encerró en un depósito y la violó. Cardozo era su jefe directo.

Otros abusos y persecuciones se habrían producido en 2014, luego de un período en el que el suboficial no estuvo destacado en Ushuaia.

Según Lucía, todavía se paraliza cuando ve un uniforme militar.

«No puedo evitarlo. De hecho junté toda mi ropa castrense y la tiré a la basura. Necesito cerrar esta etapa», concluyó.

Para entrar a la Armada, Lucía tuvo que realizar el curso en Puerto Belgrano, cerca de Bahía Blanca. Luego regresó a Ushuaia, donde su primer trabajo dentro de la fuerza fue el de camarera, en la casa de suboficiales a quienes les servía la comida.

La mujer comenzó denunciando los hechos ante el superior del suboficial, un militar con el grado de teniente, quien de inmediato le hizo sentir cómo sería la situación.

«Tu palabra contra la de él no tiene valor. Además, la Armada te está dando trabajo, una casa, una obra social y la atención para tu hijo (que estaba siendo tratado por una enfermedad en Buenos Aires). No te conviene hacer nada», le advirtió, según recordó Lucía en un reportaje de 2020.

Como la marinera insistía, comenzaron las «amenazas y persecuciones»: su propio abusador le bajó todos los conceptos de su legajo personal, por lo que al poco tiempo fue despedida como militar y reincorporada como personal civil.

En 2014, Cardozo fue trasladado a otro destino pero al año siguiente regresó a Ushuaia y comenzó a acosarla otra vez, con lo que, sin más opciones, la joven decidió hacer la denuncia ante la justicia.

Primero intervino la Justicia Federal, que se declaró incompetente, y después un juez provincial que no halló pruebas contra el acusado, quien fue beneficiado con dos «faltas de mérito», hasta que el expediente quedó «en reserva» por falta de nuevas evidencias.

Lucía cambió de abogado y logró que la Cámara de Apelaciones apartara al juez y designara a una jueza, María Cristina Barrionuevo, que le dio un nuevo enfoque a la investigación.