RESPUESTA A QUIENES DESESTIMAN LAS DECISIONES SOBERANAS
TIERRA DEL FUEGO, MARTES 8 DE JULIO 2025.– A cuatro años de la ley que prohíbe la salmonicultura en las aguas de Tierra del Fuego, una narrativa bien aceitada por los sectores empresariales —y replicada por algunos medios nacionales— insiste en presentarla como una oportunidad perdida. El último intento lleva la firma de Claudio Andrade en Infobae, quien equipara esta decisión con un “grave error económico” y acusa a ONGs extranjeras de haber presionado para impedir el desarrollo productivo en la región.
Pero más allá del tono alarmista, lo que está en juego es otra cosa: la defensa de un modelo económico extractivo y concentrado, que ya mostró sus límites —y consecuencias— del otro lado de la cordillera. Lejos de ser un fracaso, la ley fueguina fue un acto de soberanía política y ambiental. No hay romanticismo en ello, sino datos concretos.
Chile: el experimento que fracasó (aunque facture)
Andrade cita con entusiasmo que la salmonicultura en Magallanes genera 180.000 toneladas y exporta por USD 650 millones, con 7.000 empleados. Omite, sin embargo, el historial de impactos ambientales, laborales y sanitarios de esa industria.
El mismo gobierno chileno reconoció que la salmonicultura opera sobre áreas protegidas, con prácticas que incluyen el uso masivo de antibióticos, escape de peces exóticos (salmón Atlántico) y pérdida de biodiversidad nativa. En 2021, un informe de la Superintendencia de Medio Ambiente reveló que el 64% de los centros salmoneros tenía algún grado de infracción ambiental. En Magallanes, la situación no es mejor: más de 2000 hectáreas protegidas están en uso por salmoneras, y ya se registran zonas muertas por acumulación de residuos orgánicos en los fiordos.
¿A esto llaman “modelo a imitar”?
El falso dilema entre desarrollo o naturaleza
La nota plantea que prohibir esta actividad fue un lujo que Tierra del Fuego no podía permitirse. Pero ¿qué tipo de desarrollo se está defendiendo? Uno que depende de capitales foráneos, con baja integración local, escaso valor agregado y un legado tóxico.
La historia reciente muestra que cuando las salmoneras llegan, los conflictos no tardan. En Chiloé, por ejemplo, las protestas de pescadores artesanales, comunidades mapuche y trabajadores explotados son moneda corriente. La salmonicultura no es sólo un problema ambiental: es también un modelo de precarización y concentración económica.
Además, los datos sobre empleo son incompletos o engañosos. En muchos casos, los trabajos son temporales, mal pagos y con alta rotación. La cifra de 7.000 empleados en Magallanes incluye tareas tercerizadas y condiciones de vida durísimas en zonas aisladas. El “salario promedio” citado no refleja la realidad de la mayoría.
¿ONGs extranjeras o políticas públicas informadas?
Otro de los ejes de la nota de Andrade apunta a deslegitimar la ley fueguina por su supuesto origen foráneo. Se menciona con ironía a Kristine Tompkins, a Greenpeace, a chefs como Narda Lepes, como si la defensa del ambiente fuera un capricho de millonarios en kayaks.
Pero la ley 1.352/21 no nació en una embajada ni en una cabaña de lujo. Fue el resultado de una construcción política transversal, con el acompañamiento de científicos, investigadores del CADIC-CONICET, pescadores artesanales, y sectores del turismo. El informe de impacto ambiental elaborado en su momento advirtió sobre el riesgo de introducir especies exóticas, enfermedades, y modificar irreversiblemente un ecosistema único en el mundo.
Lo que se prohibió no fue el trabajo: se blindó el futuro.
Una provincia que elige: ciencia, turismo y economía real
Lejos de renunciar al desarrollo, Tierra del Fuego está apostando a una matriz sostenible: energías limpias, turismo científico y conservación como activo económico. El Parque Nacional, el Canal Beagle, y los glaciares australes no son postales: son recursos estratégicos. Son lo que Chile perdió y hoy busca desesperadamente restaurar.
Además, el artículo omite que la propia industria del turismo fueguino rechazó la instalación de salmoneras. Y con razón: una sola marea roja provocada por escapes o antibióticos puede arruinar toda una temporada. ¿Qué vale más, una concesión salmonera o un ecosistema saludable que sostiene empleo real todo el año?
Soberanía es decidir qué no queremos ser
La salmonicultura no es el único camino, ni siquiera el mejor. Es simplemente el más fácil para grandes capitales que buscan territorios con regulación laxa y gobiernos desesperados por divisas.
En Tierra del Fuego, hace cuatro años, se eligió otro camino: más difícil, más lento, pero más justo. Se puso un límite, se dijo que no todo vale. Eso no es un error: es una definición de futuro.
Y por si quedan dudas, conviene recordar que el propio gobierno de Chile —el modelo que tanto se elogia— está revisando y limitando esta industria. Si allá están tratando de salir, ¿por qué aquí deberíamos entrar?
