JUEVES 12 DE JUNIO 2025.-
🟨 ¿Casualidad o Causalidad? La trama familiar detrás de la entrega de tierras fiscales
En la ciudad de Tolhuin, la transparencia vuelve a estar bajo la lupa. Una reciente adjudicación de un terreno fiscal genera inquietud, sospechas y reclamos de explicaciones claras por parte de la ciudadanía. El intendente Daniel Harrington firmó el Decreto E.M.T. N°067/24, adjudicando en venta un lote municipal a Fabián Enrique Sandoval, hermano de Vanesa Sandoval, ex pareja del propio mandatario comunal.
El terreno —ubicado en la Parcela 12 del Macizo 470, Sección T— fue otorgado para destino comercial con una superficie de 300 m², a pagar en 24 cuotas mensuales sin interés, según establece el decreto fechado el 17 de enero de 2024.
🟧 Una adjudicación “legal”, pero ¿ética?
Aunque la operación se encuentra aparentemente ajustada a derecho, conforme a la Ordenanza Municipal 509/19, el hecho de que el beneficiario sea familiar directo de quien fue la pareja del intendente hasta hace poco tiempo, despierta serios cuestionamientos éticos y políticos.
¿Se trata de una coincidencia? ¿O estamos frente a un caso de nepotismo disfrazado de procedimiento administrativo?
La falta de un sorteo público o un mecanismo transparente de asignación, sumado a las facilidades inusuales del pago en cuotas sin interés, acentúan las sospechas de trato preferencial.
🟦 ¿Qué dice la normativa?
El decreto menciona el cumplimiento formal de los requisitos, pero no aclara si hubo otros interesados para ese lote ni si se evaluaron solicitudes con igual o mayor antigüedad. Tampoco hay registros públicos que demuestren que este terreno fue ofertado en igualdad de condiciones al resto de los vecinos y vecinas de Tolhuin.
🟩 Una ciudad que merece respuestas
Los ciudadanos de Tolhuin no pueden ni deben permanecer indiferentes ante hechos como este. Las tierras fiscales son patrimonio de toda la comunidad, y su adjudicación debe seguir criterios de equidad, transparencia y prioridad social, no vínculos personales o familiares.
Esta nota no busca emitir una condena anticipada, sino abrir el debate público necesario: ¿Estamos ante un nuevo caso de abuso de poder? ¿Cuántas otras adjudicaciones esconden relaciones personales detrás de decretos administrativos? ¿Quién controla estas decisiones?
🗣️ La ciudadanía tiene la palabra. Exigimos claridad, rendición de cuentas y mecanismos que garanticen que el Estado actúe con ética y justicia para todos y todas.
