Salmoneras: la promesa vacía que vuelve a tentar a Tierra del Fuego (parte 2)

Salmoneras, la gran polémica, vista desde un escándalo que dejó precedentes.

Tierra del Fuego, 3 de julio del 2025 – En medio de una crisis laboral que golpea con dureza a la industria electrónica y sacude los cimientos del modelo económico fueguino, vuelve a instalarse una vieja propuesta disfrazada de novedad: la salmonicultura en aguas abiertas. Bajo el pretexto de generar empleo y atraer inversiones, sectores políticos alineados con La Libertad Avanza —y otros del propio oficialismo— reavivan la presión para derogar la Ley 1355, que desde 2021 prohíbe esta actividad en el territorio provincial.

Lo que no dicen es que este proyecto, impulsado por el grupo Newsan con el guiño de funcionarios nacionales, no sólo pone en jaque el ecosistema del Canal Beagle, sino que además ofrece un modelo de empleo altamente precarizado, con antecedentes judiciales y sanitarios alarmantes en Chile, el país que hoy se exhibe como espejo.

La excusa de la crisis

El golpe que sufrió el sector electrónico por el decreto presidencial de desregulación fue aprovechado como coartada. “Hay que generar trabajo, y rápido”, repiten como mantra desde despachos y pasillos legislativos. Pero el remedio que proponen algunos —como Rubén Cherñajovsky, dueño de Newsan, y legisladores afines al oficialismo y a la ultraderecha— es un atajo peligroso, respaldado por intereses que nada tienen que ver con el desarrollo sustentable ni con el bienestar de los fueguinos.

En este contexto, el gobernador Gustavo Melella ha mantenido una postura prudente, consciente del daño ambiental que esta industria ya ha demostrado en Chile. Aunque en una entrevista admitió que se analiza la posibilidad de instalar centros en la costa atlántica, no se ha avanzado en ninguna derogación. Y eso es clave: la ley sigue firme. Su gobierno, hasta ahora, no ha cedido ante el lobby.

¿Solución laboral o espejismo precarizante?

Un reciente informe de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) echa luz sobre la verdadera cara de este modelo. Según los investigadores, la instalación de jaulas de engorde en el Canal Beagle generaría tan solo 75 puestos de trabajo directos, en su mayoría altamente calificados. Para una eventual producción de 30.000 toneladas anuales —lo máximo que se estima viable en la isla—, podrían llegar a generarse 270 empleos directos. Pero ese número sería alcanzado recién dentro de una década, y con fuertes condicionantes sanitarios, ambientales y de mercado.

Las condiciones laborales son alarmantes. Sueldos que oscilan entre los 450 y los 729 dólares mensuales, contratos temporales, jornadas de más de 12 horas y un sistema de bonificaciones que empuja a los trabajadores a extenuarse para alcanzar un salario digno. En Chile, entre 2013 y 2024, se registraron 80 muertes en el sector salmonero. Sólo entre 2021 y 2023, murieron 22 trabajadores.

El modelo laboral chileno —el mismo que se pretende replicar en Tierra del Fuego— se sostiene en precarización, desigualdad salarial y dependencia de variables ambientales incontrolables, como el virus ISA o los eventos de anoxia, que pueden diezmar la producción en semanas.

Una industria con prontuario

Mientras se presentan informes llenos de cifras optimistas y “potenciales” exportadores, se omite que la empresa chilena Nova Austral —considerada modelo en Magallanes— fue condenada en 2024 por contaminación reiterada y fraude al Estado. Manipulación de cifras, entrega de datos falsos y violaciones sistemáticas a la legislación ambiental quedaron documentadas en el fallo del Tribunal de Punta Arenas.

No fue un hecho aislado: en toda la Patagonia chilena, la salmonicultura ha sido denunciada por alterar ecosistemas marinos, contaminar cursos de agua y facilitar la expansión de especies invasoras como el salmón atlántico, con consecuencias irreversibles.

Una ley que protege

La Ley Provincial Nº 1355, sancionada en junio de 2021 con amplio consenso político y apoyo ciudadano, fue una respuesta anticipada y madura frente al avance del extractivismo. Se prohibió la instalación de jaulas salmoneras en aguas abiertas del territorio fueguino antes de que ocurriera el desastre.

Esa ley —hoy blanco de presiones empresariales y legislativas— no surgió por capricho ni por influencia de ONGs extranjeras, como algunos quieren instalar. Surgió del análisis técnico, del consenso democrático y del conocimiento acumulado sobre una industria que, lejos de ser “el petróleo del mar”, se parece más a un nuevo saqueo con escenografía de progreso.

Y es el gobernador Melella quien, hasta ahora, ha sostenido esa decisión, resistiendo una embestida cada vez más agresiva.

¿Quién gana?

Newsan. Los fondos de inversión que están detrás. Las empresas que proveerán insumos, redes, antibióticos, logística. Los que harán el negocio en la fase de instalación. Pero no Tierra del Fuego.

Porque los empleos que se prometen no reemplazan ni en número ni en calidad a los de la industria electrónica. Porque el costo ambiental sería irreversible. Y porque, una vez que las jaulas estén instaladas, será tarde para volver atrás.

No es desarrollo. Es extractivismo.

La salmonicultura no es una “industria limpia” ni una “reconversión sustentable”. Es un modelo basado en la sobreexplotación, en la acumulación en pocas manos y en la dependencia de ciclos de mercado y clima. No hay soberanía en la salmonicultura. Hay entrega.

Y en Tierra del Fuego ya dijimos que no. Hoy, quienes buscan derogar esa decisión, no traen una salida. Traen una trampa.