CRÓNICAS DE UNA GESTIÓN QUE PROMETÍA TRANSPARENCIA.
RÍO GRANDE, 16 DE JULIO DE 2025.-Entre promesas de federalismo, justicia social y transparencia, la gestión de Martín Pérez como intendente de Río Grande (2020–2025) transcurrió envuelta en una combinación de marketing político, silencios cómplices y escándalos silenciados. A cinco años del inicio de su mandato, el saldo es ambiguo: un discurso progresista sostenido por una maquinaria administrativa opaca, con zonas sin fiscalización real.
● El caso Segovia: una tarjeta, un desfalco y un juicio político fallido
El 14 de septiembre de 2022, la ciudad se estremeció con la revelación de un escándalo interno: César Segovia, entonces director de Juventud, utilizó durante meses una tarjeta de crédito corporativa de la Secretaría de Gestión Ciudadana —a cargo de Gonzalo Ferro, mano derecha de Pérez— para realizar gastos personales por al menos 3,5 millones de pesos.
El propio Municipio denunció el hecho, pero lo hizo una vez que se filtró a la prensa, no al detectarlo mediante auditorías internas. El hecho motivó una presentación formal para iniciar juicio político contra el Intendente, impulsado por el abogado Marcos Vázquez, aduciendo mal desempeño y negligencia en el control de fondos públicos.
Aunque la comisión investigadora avaló el proceso, la Sala Acusadora del Concejo Deliberante rechazó por unanimidad la apertura del juicio político. Argumentaron que Pérez no tuvo participación directa, ignorando que el funcionario implicado pertenecía a su estructura directa de confianza. Hasta hoy, no hay funcionarios jerárquicos sancionados por este hecho.
● Obra pública deteriorada y suba de impuestos récord
Durante sus años de gestión, Pérez impulsó múltiples obras de pavimentación, refacción de plazas y bicisendas. Sin embargo, varias obras presentaron deterioro precoz: el Puente General Mosconi, rehabilitado en 2023, volvió a presentar fallas estructurales en menos de un año. La concejal Lucía Rossi (FORJA) denunció que “lo inauguraron con fotos, pero no resiste el tránsito pesado”. Vecinos del barrio Mutual y Chacra II también denunciaron asfaltos que se levantaron a semanas de finalizarse.
Al mismo tiempo, el Municipio aplicó subas escalonadas de impuestos municipales. Según cálculos presentados por el bloque de FORJA, las tasas municipales aumentaron un 2700% entre 2020 y 2024, superando ampliamente la inflación acumulada. Mientras tanto, el salario de los trabajadores municipales creció en promedio un 960% en el mismo período.
● Centenario con sabor amargo: $50 millones para artistas
En medio de una crisis económica nacional y con Río Grande aún saliendo de los efectos de la pandemia, la gestión Pérez gastó cerca de 50 millones de pesos en los festejos por el Centenario de la ciudad (2021). La contratación de artistas nacionales, viáticos y montaje del escenario generó críticas de concejales y vecinos, que reclamaban destinar esos fondos a servicios esenciales.
Pérez defendió la decisión diciendo que “los 100 años se celebran una sola vez” y que “la ciudad merece lo mejor”. Lo cierto es que las licitaciones vinculadas a estos eventos no fueron detalladas públicamente con anticipación, y no se conoce al día de hoy un balance económico detallado del Centenario.
● Contrataciones cruzadas y nepotismo legislativo
El informe difundido por TN en marzo de 2025 reveló que el Concejo Deliberante de Río Grande es el 4° más caro del país en relación al presupuesto municipal. Se detectaron:
- Creación de 10 cargos nuevos en un año
- Sueldos que superan los $2,5 millones para asesores
- Contrataciones duplicadas al mismo proveedor (Fernando Pizarro), realizadas por los concejales Guadalupe Zamora y Matías Löffler, quienes mantienen vínculo familiar (cuñados)
El caso generó indignación pública, pero no fue auditado por el Tribunal de Cuentas ni generó sanciones internas. La relación de Pérez con el bloque oficialista del Concejo evitó mayores consecuencias.
● Violencia institucional y censura encubierta
En diciembre de 2020, durante la visita del presidente Alberto Fernández, el Municipio excluyó a varios medios locales del acceso a la conferencia de prensa. Solo medios «alineados» recibieron acreditación oficial. El portal Correo Diario denunció que se exigía enviar previamente las preguntas y que funcionarios filtraban las entrevistas.
Ese mismo año, trabajadoras de la Defensoría Municipal dependiente de la Secretaría de la Mujer denunciaron violencia institucional, despidos arbitrarios y traslados disciplinarios luego de reclamar mejoras laborales. En una carta pública acusaron a la gestión de “vaciar un área sensible como castigo por reclamar derechos básicos”. Ningún funcionario del área fue sancionado.
En febrero de 2025, durante la apertura de sesiones del Concejo, manifestantes de ATE y UTEP fueron desalojados con uso de fuerza por criticar a Pérez, y algunos fueron amenazados verbalmente por funcionarios del Ejecutivo municipal. Las cámaras captaron frases como “afuera, cobardes, ya nos vamos a cruzar” dirigidas por asesores del Ejecutivo. No hubo pedidos de disculpas ni investigación interna.
● Cierre: el relato de la transparencia se cayó solo
A cinco años del inicio de su gestión, Martín Pérez abandona el Municipio con más denuncias públicas que respuestas institucionales. Su administración, nacida desde el progresismo del Frente de Todos, terminó pareciéndose más a una gestión verticalista, blindada y poco receptiva a la crítica.
Lo que se prometió como un modelo de ciudad participativa terminó dejando una sensación inquietante: la de ser gobernados por un poder cada vez más lejano, más opaco, más impermeable a las voces de la calle.
Porque Río Grande no necesita propaganda. Necesita gestión.
Y la historia, que nunca duerme, ya tomó nota.
