Los diputados de Juntos por el Cambio Alfredo Cornejo, Graciela Ocaña y Luis Petri presentaron ante la Cámara Baja un pedido de acceso a la información pública y de informes para conocer en detalle el contrato de la empresa Labpax encargada de realizar los testeos en Ezeiza tras conocerse la investigación de LA NACION.

Según informó el periodista Diego Cabot en LA NACION, el Gobierno definió que todos los argentinos que llegan a Ezeiza deben pagar obligatoriamente $2500 por el test de antígenos, conocido como hisopado rápido, similar al que el gobierno porteño realiza en los centros de testeo. Nada llamativo si no fuera porque detrás de esa decisión funciona una sociedad recién creada, sin antecedentes en análisis clínicos, cuyas dueñas son dos monotributistas.