POLITICA, 9 DE MARZO 2025.- El presidente Javier Milei ha anunciado la intención de refinanciar la deuda de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI) mediante un decreto de necesidad y urgencia (DNU), eludiendo así la participación del Congreso. Esta decisión ha generado preocupación por su posible impacto en la institucionalidad democrática y la economía del país.
En 2021, el Congreso sancionó la Ley 27.612 de «fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública», que establece que cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI debe ser aprobado por una ley del Congreso. El intento del Ejecutivo de esquivar este procedimiento mediante un DNU representa una potencial violación de dicha ley y una degradación institucional que podría afectar la vigencia de la república.
Además, la operación propuesta implica un cambio de acreedores: se sustituiría una deuda intraestatal del Tesoro Nacional con el Banco Central por compromisos con el FMI. Esta modificación no es menor, ya que los títulos intransferibles del Tesoro tienen una tasa de interés inferior al 3% anual en dólares, mientras que el préstamo con el FMI tendría un costo del 6,5% anual, incluyendo sobrecargos. Esto incrementaría significativamente el costo de la deuda para el país.
La historia de la deuda externa en Argentina muestra que acuerdos de este tipo suelen conducir a crisis económicas. Es fundamental que las decisiones relacionadas con la deuda pública se tomen respetando los procedimientos legales establecidos y con la participación de las instituciones democráticas, para evitar mayores vulnerabilidades económicas y políticas.
La oposición y diversos sectores de la sociedad deben unificar sus voces para exigir el respeto a la institucionalidad y la búsqueda de alternativas que promuevan un crecimiento económico con inclusión social y solidaridad, evitando así medidas que puedan agravar la situación económica y social del país.
