domingo 31 de mayo 2026.- El gobierno de Javier Milei autorizó nuevos aumentos en las tarifas de gas y electricidad que comenzarán a regir en junio, profundizando una política que sigue trasladando el peso del ajuste a los hogares argentinos.
Según los nuevos cuadros tarifarios aprobados por los entes reguladores, las facturas de gas subirán un 2,81%, mientras que las de electricidad tendrán un incremento del 1,5%. La decisión llega en un contexto de fuerte caída del poder adquisitivo, salarios que corren detrás de los precios y un consumo interno en retroceso.
En el caso del gas, el aumento incluso se ubicará por encima de la inflación estimada para mayo, que distintas consultoras calculan por debajo del 2,6%. Es decir, mientras el Gobierno exhibe como bandera una desaceleración inflacionaria, los servicios esenciales continúan encareciéndose por encima de ese índice.
La administración libertaria decidió moderar parcialmente el ritmo de eliminación de subsidios para evitar un impacto aún mayor sobre los usuarios. Sin embargo, la estrategia de fondo no cambió: el objetivo sigue siendo descargar sobre las familias el costo de los servicios públicos para sostener el ajuste fiscal que exige el programa económico de Milei.
Detrás de los porcentajes hay una realidad concreta: millones de argentinos destinan cada vez una mayor porción de sus ingresos a pagar luz, gas, transporte y alimentos. El llamado «equilibrio fiscal» se construye, en gran medida, sobre el deterioro de las condiciones de vida de trabajadores, jubilados y sectores medios.
De acuerdo con un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), durante el primer trimestre los subsidios energéticos representaron apenas el 0,16% del Producto Bruto Interno. Del total de las transferencias realizadas por el Estado, el 75% se destinó al sector eléctrico y el 22% al gas natural.
Los números muestran que el Gobierno continúa avanzando con la reducción de la asistencia estatal al sistema energético mientras las facturas siguen aumentando. En los hechos, el ajuste no lo paga la «casta»: lo pagan los argentinos cada vez que llega una boleta a sus hogares.
