MIÉRCOLES 2 DE JULIO 2025.- En los últimos días, una serie de artículos publicados en medios nacionales y regionales reavivó un debate que parecía saldado: la posible instalación de salmoneras en Tierra del Fuego. Detrás de las promesas de empleo, exportaciones y desarrollo regional, se esconde una industria con antecedentes judiciales, ambientales y éticos que difícilmente pasarían un filtro serio de sustentabilidad.
Mientras las cifras millonarias seducen a sectores políticos y empresariales, y las comparaciones con Chile se repiten con insistencia, pocos están dispuestos a hablar de los daños irreparables que dejó la salmonicultura en el sur chileno. Más aún: muchos prefieren callar ante un modelo de negocio que en Tierra del Fuego ya fue prohibido por ley en 2021, con amplio consenso y apoyo de la sociedad civil.
Hoy, esa ley está en la mira.
Un modelo exportado… ¿Del desastre?
La región de Magallanes, en el sur de Chile, se ha convertido en el espejo al que muchos en Argentina miran. Exportaciones por más de 650 millones de dólares anuales, 7 mil empleos directos, una maquinaria productiva que incluye desde buzos hasta hoteleros, y una economía regional donde el salmón representa la mitad del PBI. Los datos son reales.
Pero también lo es la historia judicial reciente que golpea a esa misma industria.
El pasado 11 de junio, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a dos exdirectivos de la empresa Nova Austral, una de las salmoneras más grandes de la región, por el delito reiterado de contaminación de aguas. Además, se les imputó la entrega deliberada de información falsa a las autoridades ambientales chilenas. El caso, que se investigaba desde 2019, incluyó pruebas de manipulación de cifras de mortalidad, falsificación de reportes sanitarios y la implementación de un sistema informático paralelo para engañar a los entes fiscalizadores.
La sentencia fue histórica. Pero también fue silenciosamente ignorada por quienes promueven instalar el mismo modelo en Tierra del Fuego.
El lobby no duerme
Uno de los artículos más recientes, publicado por Infobae, propone sin rodeos que prohibir la salmonicultura en Tierra del Fuego fue “un error estratégico”. En su análisis, minimiza la ley sancionada por la Legislatura fueguina, tergiversa su origen (atribuida erróneamente al Movimiento Popular Neuquino), y acusa a ONGs internacionales de haber influido en una “decisión ideológica”.
El artículo no menciona ni una sola línea sobre las condenas judiciales en Chile, ni sobre las prácticas fraudulentas detectadas por el propio Estado chileno. Omite, deliberadamente, el historial ambiental de una industria que hoy en día representa uno de los mayores pasivos ecológicos de la Patagonia sudamericana.
En cambio, promete desarrollo, divisas, trabajo. Sin explicar los impactos. Sin hablar del uso indiscriminado de antibióticos, de los escapes masivos de salmones que alteran ecosistemas nativos, ni de las mortandades por anoxia que devastan fiordos y costas.
Las Malvinas y el Beagle: ¿La próxima frontera?
Mientras Tierra del Fuego discute entre bastidores una eventual “revisión” de la ley antisalmoneras, en las Islas Malvinas una empresa británica —Unity Marine— ya presentó un proyecto para producir 50 mil toneladas de salmón. De concretarse, sería una afrenta directa: por un lado, desde el discurso soberanista, y por otro, desde el ambientalismo.
Según pudo saberse, el gobierno fueguino de Gustavo Melella estaría evaluando sí permitir salmonicultura “en tierra firme” y habilitar zonas productivas en el norte provincial, atendiendo el impacto ambiental. Aunque el Beagle seguiría descartado —por ahora—, la puerta está entreabierta.
Cuando la legalidad incomoda
La ley 1358, sancionada en junio de 2021, prohibió la salmonicultura intensiva en aguas abiertas dentro del territorio fueguino. Lo hizo antes de que se instalen las primeras jaulas, anticipándose a lo que pasó en Chile. Fue un gesto de madurez institucional y una apuesta por un modelo de desarrollo ambientalmente responsable.
Hoy, esa ley molesta.
Molesta porque impide negocios millonarios con empresas que tienen prontuario. Molesta porque representa un precedente para otras provincias. Molesta porque fue una decisión autónoma, sin tutelaje de Buenos Aires, sin bendición de embajadas ni aval de fondos de inversión.
Pero más que molestar, protege. Protege un ecosistema único, resguarda la soberanía ambiental, y cuida un bien escaso: la confianza de una ciudadanía que ya aprendió a no creer en falsas promesas de progreso.
¿Desarrollo o extractivismo?
Los defensores de las salmoneras afirman que Tierra del Fuego necesita una nueva matriz productiva. Que la promoción industrial está agotada. Que el desempleo es alto. Que se necesita generar dólares. Todo eso puede ser cierto.
Pero el verdadero debate es otro: ¿es la salmonicultura el camino más sensato? ¿O es apenas un atajo peligroso, impulsado por intereses empresariales que buscarán maximizar ganancias, aún a costa del ambiente y las comunidades?
La historia de Chile —y ahora también sus fallos judiciales— ofrecen una respuesta. El desafío de Tierra del Fuego no es repetir errores ajenos. Es abrir otra senda. Una que combine economía, sustentabilidad y dignidad. Y que no sacrifique un ecosistema milenario por un puñado de dólares.
Epílogo: una advertencia desde el sur
Lo que está en juego no es una inversión más. Es la identidad de una provincia. Su mar, su paisaje, su soberanía. Y, por qué no decirlo, su dignidad política.
En Tierra del Fuego, las salmoneras no entraron por error. Se las detuvo a tiempo.
Volver a discutir lo ya decidido, sin pruebas nuevas y sin memoria reciente, es simplemente abrir la puerta al desastre.
