El gobierno nacional y muchos políticos de Tierra del Fuego no pueden distinguir la condición de pobladores de la de la provincia de Tierra del Fuego, con la de militares perteneciente a una fuerza de ocupación, usurpadora de nuestro territorio nacional. No logran entender que los 1.400 militares británicos no están de vacaciones en Malvinas, están aquí para consolidar el enclave colonial británico en el Atlántico Sur y si es necesario combatir contra la Argentina. No son pobladores, son el enemigo.
Oportunamente el gobierno argentino ofreció ayuda al gobierno británico por la pandemia de coronavirus COVID-19 y el gobierno colonial de los kelpers rechazó la ayuda y despectivamente respondieron que se manejarían con el Reino Unido.
Ahora nuevamente el gobierno nacional vuelve a la carga, contabilizando a los militares del jército de ocupación “pirata” que usurpa nuestras Islas Malvinas, dentro los registros nacionales de infectados de coronavirus COVID-19, como parte de la población de la provincia de Tierra del Fuego, informó este sábado el titular de la Secretaria de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Daniel Filmus.
La política y la diplomacia argentina no logra entender que los 1.400 militares británicos de la Base militar de la Real Fuerza Aérea y del Ejército Británico, no están de vacaciones en Malvinas, están aquí para consolidar el enclave colonial británico en el Atlántico Sur y si es necesario combatir contra la Argentina. No son pobladores, son el enemigo.
“De acuerdo a la Constitución y a la legislación vigente, Argentina debe incluir a quienes están en Malvinas en sus estadísticas porque están en territorio nacional”, explicó ingenuamente Filmus, como si este hecho constituyera un elemento concreto de reivindicación de nuestra soberanía.
Los gestos de Filmus desde que comenzó el brote de coronavirus con los kelper, lejos de poner límites a la consolidación del enclave colonial en el Atlántico Sur, nos recuerda la carta con el osito Winnie Pooh que el Canciller Guido Di Tella envío a los kelpers durante el gobierno de Menem en 1998.
El titular de la secretaría, que depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, contó que la decisión se tomó tras un “diálogo con el canciller Felipe Solá y las autoridades de Salud -cuyo ministro es Ginés González García– y en común acuerdo con la provincia de Tierra del Fuego”.
