Entre 2013 y 2020, casi 100 millones de personas salieron de su condición de extrema vulnerabilidad. La mejora económica general, la distribución del ingreso, la educación y el acceso a la salud son ingredientes importantes para explicar este impresionante logro, pero no garantizan nada si operan aislados. También se requieren consensos políticos y sociales de una magnitud desconocida en Occidente y una mentalidad más centrada en lo comunitario.

A fines de 2020, en pleno contexto pandémico, China anunció al mundo la erradicación de la indigencia. Esto no fue solo producto del impresionante crecimiento económico de ese país de las últimas décadas sino también de la movilización de más de diez millones de militantes hacia las áreas rurales más empobrecidas del oeste del gigante asiático. Equipos de funcionarios, docentes, empresarios, estudiantes, médicos y asistentes sociales se instalaron entre uno y tres años en poblaciones rurales para acompañar el profundo proceso de cambio económico.

El plan excedió largamente lo económico o asistencialista. Solo fue posible gracias a una sociedad con una mentalidad muy distinta a la occidental, centrada más en la comunidad que en el individuo, y también a partir de la mano visible del Estado. El extenso informe «Servir al pueblo: la erradicación de la extrema pobreza en China» del Instituto Tricontinental de Investigación Social, con sedes en Argentina, Brasil, India y Sudáfrica, reúne información oficial, entrevistas y visitas al territorio para dar cuenta de las múltiples estrategias empleadas durante el ambicioso proyecto.

Crecimiento no alcanza

La economía china representaba cerca de un tercio de la economía global al comienzo del siglo XVIII y solo un 5 por ciento en 1949, cuando se proclamó la República Popular China. Por entonces el país tenía uno de los ingresos per capita más bajos del mundo. Hacia 1978, pese a años muy difíciles con hambrunas incluidas, había algunas señales de mejora, ya que la expectativa de vida había subido 32 años en comparación con el período anterior a la revolución.

Por entonces comenzaba a quedar claro que para seguir creciendo en un país de casi mil millones de habitantes se necesitaría inversión y tecnología extranjera. De la mano del presidente de entonces, Deng Xiaoping, se decidió abrir las puertas a la inversión extranjera. El resultado es conocido: entre 1978 y 2017 la economía china creció un 9,5 por ciento anual gracias a la instalación de empresas que aprovecharon la mano de obra barata pero se vieron obligadas a hacer transferencia tecnológica, con resultados que se hacen cada vez más evidentes. Gracias al veloz crecimiento de la economía, la pobreza extrema se redujo de 770 millones en 1978 a 122 millones en 2011, número que aún representaba un 9,1 por ciento de la población.

Como explica el citado informe, el coeficiente Gini que mide la desigualdad había empeorado de un 29 por ciento en 1981 a un 49 por ciento en 2007, para bajar apenas en 2012. Es decir, que el precio del crecimiento era un notorio aumento de la desigualdad. En 2017 en un congreso del Partido Comunista, el presidente Xi Jinping decía que «el principal problema es que nuestro crecimiento es desequilibrado e inadecuado. Esto se ha convertido en el principal factor de restricción para satisfacer las crecientes necesidades de la población de una vida mejor».

Paso a paso

China desarrolló el Programa de Reducción Focalizada de la Pobreza de China (RFP) que se resume como «Un ingreso, dos seguridades y tres garantías». Primero se estableció que el ingreso mínimo para considerar a alguien por encima de la pobreza estaba en los 2,30 dólares diarios, por encima de los 1,90 propuestos por el Banco Mundial.

Las dos seguridades a alcanzar serían el alimento y la vestimenta. Las tres garantías: servicios médicos básicos, vivienda (con agua y electricidad) y educación gratuita y obligatoria. Cada uno de estos objetivos requirió estándares determinados de medición. Por ejemplo, el acceso al agua potable debía ubicarse a no más de veinte minutos ida y vuelta y debía ser segura.

Una vez definida la pobreza y qué se necesitaba para abandonarla, era necesario saber cuántos pobres había y con qué características. En 2014, 800 mil miembros del partido salieron al campo e identificaron personas en pobreza extrema en 128 mil aldeas. Luego dos millones de personas verificaron los datos y depuraron los listados gracias a un sistema de registro de datos informatizado. El número final de indigentes con los que se debía trabajar era de 98,99 millones.

La larga marcha

Con los datos y los objetivos claros, cerca de tres millones de miembros del partido organizados en 255 mil equipos partieron de sus hogares para vivir durante uno a tres años en las aldeas seleccionadas, donde convivirían y trabajarían junto a los campesinos, funcionarios locales y voluntarios.

Miles de empresas se asociaron con proyectos puntuales para dar asistencia a algunas aldeas en particular. Se crearon parques industriales y agrícolas, además de proyectos focalizados en el turismo local. Según el informe, entre 2015 y 2019 los talleres para formar centros de producción de pequeña escala en tierras ociosas o en hogares ayudaron a triplicar el ingreso per capita.

Casi diez millones de personas migraron hacia nuevas comunidades urbanas que contaban con guarderías, escuelas, hospitales, centros comunitarios, de atención a la tercera edad y centros culturales. La inmensa mayoría consiguió trabajo y decidió quedarse en tanto que algunos, sobre todo los más ancianos, prefirieron volver a su lugar de origen.

Asistentes sociales visitaban a la gente para ayudarla en tareas como aprender a utilizar el ascensor o cruzar la calles. Cerca de mil centros de salud se vincularon con hospitales de primera línea y miles de trabajadores de ese sector viajaron para capacitarse. Otros proyectos se enfocaron en intentar recuperar la salud del ambiente con empleos en el sector ecológico: 1,1 millones de personas comenzaron a trabajar como guardabosques y casi cinco millones de hectáreas de tierras agrícolas fueron reconvertidas a bosques o campos de pastura.

Cerca de un millón de profesores se aceraron a diecisiete millones de maestros rurales para darles capacitación. En algunas universidades, entre 2011 y 2018 el 70 por ciento de los estudiantes eran los primeros de sus familias en acceder a estudios de grado. Cuarenta y cuatro universidades se instalaron en distintas zonas para llevar adelante proyectos en el territorio con investigadores, docentes y estudiantes de distintas áreas.

Controles cruzados

Para verificar los resultados registrados por los equipos, se hicieron evaluaciones de distinto tipo. Por ejemplo, las provincias se monitoreaban mutuamente con trabajadores que iban a conocer lo realizado en otra provincia y así verificar la información aportada. El grupo coordinador del plan también fue al territorio a chequear de primera mano los resultados y se realizó un monitoreo social con controles aleatorios por parte del partido.

La corrupción es un gran problema de China y su erradicación forma parte de una de las principales promesas del actual presidente. En el caso de la lucha contra la pobreza, en 2020 se detectaron 161.500 casos de corrupción. Dieciocho funcionarios de alto nivel fueron señalados. Según la nueva política contra la corrupción, los responsables de controlar el trabajo de sus subordinados son señalados aunque no hayan participado directamente.

Otro Estado

Resulta difícil imaginar desde Occidente que millones de personas se movilicen para trabajar sobre la pobreza, un problema que suele ser visto como una responsabilidad del Estado y éste algo ajeno del ciudadano promedio.

Un profesor de la Universidad Agrícola de China explicó a los investigadores de la Tricontinental: «La sociedad china es muy diferente de las sociedades occidentales porque se basa en lo colectivo y no en lo individual. Esto se refleja en la forma de organizar la sociedad. El gobierno trabaja con organizaciones sociales, las redes políticas y sociales se funden en un todo, en una fuerza dirigente, organizada vertical y horizontalmente, que permite que todo el mundo se una a esta campaña social». Otra cuestión, nada menor, es la simbiosis entre el Estado chino y el Partido Comunista Chino (PCCH) que cuenta con más de 95 millones de miembros.

Gracias a los valores fuertemente comunitarios de la cultura china, una militancia comprometida y una gestión capaz de mostrar resultados rápidos, el Estado no es visto por la mayoría como algo ajeno y peligroso sino como una herramienta que permite resolver enormes problemas.

En 2020, la Universidad de Harvard publicó el estudio «Comprender la resiliencia del PCCH: encuestas de opinión pública china a lo largo del tiempo». El trabajo fue realizado entre 2003 y 2016 y fueron encuestados a 31 mil residentes urbanos y rurales. Entre esos años, la satisfacción de la ciudadanía china con su gobierno aumentó del 86,1 por ciento al 93,1 por ciento. En las zonas rurales en las que la aprobación era de solo el 43,6 por ciento pasó al 70,2 por ciento, especialmente entre los residentes de menores ingresos.

¿Lecciones?

Tings Chak, Coordinadora del Departamento de Arte de la Tricontinental, miembro del Colectivo de Noticias Dongsheng, contó a Cash que para realizar el informe observaron «la literatura, hablamos con expertos chinos y de otros países». Esta hongkonesa partió de Shanghai, en donde vive, para «bajar al campo y hablar con cuadros, campesinos, mujeres y jóvenes que fueron bastante abiertos para contar sus experiencias de participación en el programa de alivio de la pobreza».

El impresionante logro de la sociedad china demuestra que la lucha contra ciertos niveles de pobreza es un desafío con múltiples niveles. La distribución del ingreso, la educación, el acceso a la salud son todos ingredientes importantes, pero no garantizan nada si operan aislados. Una decisión política de ese tipo requiere consensos políticos, económicos y sociales de tal magnitud que posiblemente no sean trasladables a Occidente. Aun así, desde la distancia, vale la pena analizar el fenómeno para ver qué lecciones se pueden aprender.