CONTINUIDAD INVESTIGATIVA
RÍO GRANDE,18 DE JULIO 2025.-Lo que comenzó como un conflicto vecinal por ruido extremo, hoy expone una red compleja donde se mezclan energía, negocios digitales y omisiones estatales. Las turbinas instaladas en Federico Echelaine 607, en la ciudad de Rìo Grande; turbogeneradores que no dejan dormir a los vecinos, parecen tener más conexión con el mundo de las criptomonedas que con una necesidad energética comunitaria. Y el nombre CryptoPatagonia, ahora en el centro de una denuncia penal por una deuda millonaria con, no es una coincidencia: es, según testimonios y documentos, el actor invisible tras el zumbido.
Un caso que vibra y duele
Desde febrero de 2025, más de 80 vecinos viven con el cuerpo en tensión. Cuatro turbogeneradores industriales funcionan 24/7 sin galpones acústicos, sin estudios públicos ni controles visibles. En el Hotel Huemul, frente al predio, las reservas se caen, los clientes huyen y las paredes vibran. “Me estoy enfermando del estrés”, dijo su dueña. Un jubilado del barrio comparó el sonido con un avión que nunca despega.
Las notas al Concejo Deliberante y al Municipio fueron entregadas el 7 de julio. Nadie contestó. Nadie fue. Solo una promesa de “esperar a que pase la veda”.
¿Y si no es energía para el pueblo?
Durante las entrevistas del 14 de julio, los vecinos comenzaron a atar cabos. Se hablaba de “minería digital”, “actividad fabril rara”, “una empresa con poder”. Y un nombre: CryptoPatagonia. La misma firma aparece mencionada en la denuncia penal federal presentada en junio, por acumulación de una deuda superior a $90 millones con la Cooperativa Eléctrica de Río Grande. Lo grave: nunca le cortaron el suministro. Mientras tanto, decenas de vecinos sí sufrieron cortes por mora.
Según la investigación, CryptoPatagonia S.A.S. opera desde un predio vinculado a Liberman, y su apoderada legal sería una mujer identificada como Cintia, señalada por vecinos y trabajadores del sector industrial como quien coordinaba las tareas de instalación de los generadores. La empresa figura entre las deudoras más grandes en los balances internos de la cooperativa, sin que exista resolución administrativa que justifique la falta de corte o sanción.
La sospecha es cada vez más clara: el suministro eléctrico subsidiado habría sido utilizado para actividades de minería de criptomonedas, una de las industrias de mayor consumo energético en el mundo. Mientras tanto, usuarios residenciales con boletas impagas por sumas menores fueron desconectados sin contemplación. La asimetría, más que técnica, es política.
Más aún, CryptoPatagonia, instalada en el barrio San Martín, ocupa una nave industrial que anteriormente pertenecía a la firma Athuel y opera más de 1.800 equipos de alto consumo eléctrico, lo que equivale al gasto energético de un barrio entero. Su gerente de planta es Miguel Camaño, empresario local reconocido, y la firma es propiedad de la familia Liberman. Pese al volumen de consumo y deuda, no se le exigieron garantías, ni se iniciaron planes de pago, ni se notificó a los socios sobre la situación.
El caso fue mencionado en informes de prensa nacionales que alertaban sobre el crecimiento sin control del consumo energético vinculado a la minería cripto en Tierra del Fuego. Sin embargo, la cooperativa omitió cualquier tipo de rendición pública sobre los perjuicios económicos ocasionados.
Durante las entrevistas del 14 de julio, los vecinos comenzaron a atar cabos. Se hablaba de “minería digital”, “actividad fabril rara”, “una empresa con poder”. Y un nombre: CryptoPatagonia. La misma firma aparece mencionada en la denuncia penal federal presentada en junio, por acumulación de una deuda superior a $90 millones con la Cooperativa Eléctrica. Lo grave: nunca le cortaron el suministro. Mientras tanto, decenas de vecinos sí sufrieron cortes por mora.
El hilo que une lo técnico con lo político
La Memoria 2023 de la Cooperativa, citada en la denuncia, revela contratos sin respaldo, convenios firmados sin intervención de los socios, y adjudicaciones directas. El veedor del INAES, designado por Decreto 721/96, nunca entregó informe en los 90 días reglamentarios. Y la firma CryptoPatagonia no aparece entre los usuarios industriales regularizados.
Durante la entrevista con Leonardo Di Benedetto, una vecina identificó a una mujer de nombre Cintia, presunta apoderada, vinculada a la fábrica lindera. Se menciona además a Liberman, supuesto propietario del terreno. En el lugar también se ofrecieron resarcimientos económicos que luego “quedaron en la nada”.
¿Quién cuida a los que no duermen?
Lo que debería ser un problema de planificación urbana se volvió un espejo de opacidad institucional, impunidad comercial y desprotección ciudadana. Río Grande merece saber q.uién autoriza, quién fiscaliza y quién gana mientras la gente enferma por no dormir.
La energía, cuando se convierte en excusa para negocios de alto consumo y bajo control, deja de ser derecho. Se vuelve privilegio. Se vuelve ruido. Y el silencio de las autoridades ya no es ingenuo: es estructural
PCN continuará investigando.
