La actual conducción de la Obra Social, formuló, la semana pasada una denuncia penal en el marco del conflicto salarial por el mecanismo de liquidación de la Ley 288.
La misma data de Enero del año 2020, donde se firmó una especie de “reconocimiento” a un histórico reclamo, que no resultó ser tal, sino que por el contrario, alteró la forma de liquidación de sueldos, generando una posible comisión de un delito.
Al respecto, la presidenta, afirmó que “Desde el inicio de la gestión se busco restablecer el marco de legalidad y transparencia, que es fundamental para el normal funcionamiento y el fortalecimiento de la institución”.
“Estamos en un proceso de profundo cambio dentro de la obra social. Queremos el bienestar de toda la masa de afiliados” indicó Mariana Hruby, Presidenta de la obra social.
