El máximo tribunal rechazó el intento del Gobierno nacional de apartar a los jueces que intervienen en la causa impulsada por las universidades públicas. La decisión representa un nuevo revés para la estrategia judicial de la Casa Rosada en medio del conflicto por los fondos para la educación superior.
VIERNES 5 DE JUNIO 2026 .- La disputa entre el Gobierno de Javier Milei y las universidades públicas sumó un nuevo capítulo judicial con resultado adverso para la Casa Rosada. La Corte Suprema de Justicia rechazó una presentación del Estado nacional que buscaba apartar a magistrados que intervienen en la causa iniciada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y la recomposición salarial docente.
La resolución, firmada el 4 de junio, representa un nuevo traspié para la estrategia oficial de frenar o condicionar los reclamos vinculados al financiamiento de las casas de altos estudios, uno de los principales focos de conflicto entre la administración libertaria y la comunidad universitaria desde el inicio de la gestión.
La controversia se originó a partir del amparo colectivo presentado por el CIN y rectores de universidades nacionales contra el decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno estableció que la ley de financiamiento universitario sólo podría ejecutarse una vez definida una fuente específica de recursos e incorporadas las partidas correspondientes al presupuesto nacional.
Desde las universidades sostienen que esa decisión implica, en los hechos, bloquear la aplicación de una norma sancionada para garantizar recursos indispensables para el funcionamiento del sistema universitario público, afectado por el ajuste presupuestario impulsado por el Ejecutivo.
En ese contexto, el Estado nacional intentó apartar al juez de primera instancia Diego Martín Cormick bajo el argumento de que ejerce la docencia en universidades públicas que integran el colectivo demandante. El planteo también alcanzó a un magistrado de la Cámara Contencioso Administrativa Federal e incluso llegó a cuestionar la participación de los propios integrantes de la Corte Suprema por desarrollar actividades académicas en instituciones universitarias.
Sin embargo, el máximo tribunal desestimó todos los planteos. Los jueces consideraron que no existe ningún elemento que configure una causal válida de excusación y remarcaron que la actividad docente en universidades públicas no supone, por sí misma, un interés personal y directo sobre el resultado del litigio.
La Corte fue además contundente al recordar que los mecanismos de recusación y excusación constituyen herramientas excepcionales que no pueden utilizarse de manera extensiva ni convertirse en instrumentos para alterar la integración natural de los tribunales.
Otro de los puntos que recibió un rechazo categórico fue el intento del Gobierno de promover el apartamiento de los propios ministros de la Corte. El tribunal recordó que la facultad de excusarse corresponde exclusivamente a los magistrados y no puede ser exigida por las partes a través de planteos procesales como los impulsados por el Estado.
Finalmente, los supremos concluyeron que el recurso extraordinario presentado por el Gobierno carecía de los requisitos necesarios para su tratamiento, ya que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.
La decisión deja en evidencia una nueva derrota judicial para la administración de Milei en una causa sensible desde el punto de vista político y social. Mientras el Ejecutivo insiste en la necesidad de sostener el ajuste fiscal, las universidades mantienen su ofensiva en los tribunales para garantizar los recursos que consideran imprescindibles para el funcionamiento del sistema público de educación superior.
Con el fallo de la Corte, la causa continuará avanzando con los mismos magistrados que el Gobierno intentó apartar y el reclamo por el financiamiento universitario seguirá su curso en los tribunales.
