miércoles 22 de abril 2026.- La avanzada del gobierno de Javier Milei sobre las políticas públicas vuelve a golpear a uno de los sectores más vulnerables. El proyecto de nueva Ley de Discapacidad no solo genera preocupación: expone con claridad un modelo que recorta derechos y traslada responsabilidades a las provincias sin garantizar recursos.
Desde Tierra del Fuego, la secretaria provincial de Discapacidad, Stella Maris Sotelo, fue contundente: la iniciativa representa “un gran retroceso” donde “los derechos adquiridos desaparecen”. No es una exageración. La propuesta incluye un reempadronamiento obligatorio, elimina beneficios históricos y ata las pensiones a variables que, en un contexto de ajuste, terminan licuando ingresos.
El impacto ya se siente. Las decisiones del gobierno nacional no ocurren en el vacío: recaen directamente sobre las provincias. En este caso, sobre un Estado fueguino que ve cómo aumentan las demandas mientras los recursos se achican. Personas que perdieron pensiones nacionales ahora buscan contención en el ámbito provincial, lo que genera una presión creciente sobre un sistema que intenta sostenerse prácticamente en soledad.
El dato es claro: mientras Nación se retira, las provincias absorben el costo social del ajuste. La eliminación de programas como los financiados por el FONADI y el recorte de prestaciones universales configuran un escenario donde el acceso a derechos depende cada vez más del lugar donde se vive. Eso no es federalismo: es desigualdad institucionalizada.
Además, la quita del plus por zona desfavorable no es un detalle menor en regiones como Tierra del Fuego, donde el costo de vida es significativamente más alto. En ese contexto, hablar de eficiencia o equilibrio fiscal sin contemplar las realidades territoriales parece más una excusa ideológica que una política pública seria.
Frente a este panorama, el esfuerzo provincial por sostener pensiones y asistencia resulta valioso, pero también evidencia un límite: sin un Estado nacional presente, el sistema se vuelve insostenible a largo plazo.
Lo que está en juego no es solo una ley, sino el enfoque mismo sobre la discapacidad: si se la entiende como una responsabilidad colectiva que requiere políticas activas, o como un gasto a recortar en nombre del ajuste. Hoy, la dirección que toma el gobierno de Milei parece inclinarse peligrosamente hacia la segunda opción.
