domingo 22 de marzo 2026.- Lo ocurrido en Río Grande no es solo un hecho indignante: es una señal alarmante del rumbo que puede tomar el sistema de salud cuando la lógica empresarial se impone sobre la ética médica.
Una beba de apenas 25 días llega al límite de la asfixia, es reanimada gracias a la rápida intervención policial y trasladada de urgencia a la clínica privada CEMEP. Hasta ahí, la historia parece encaminarse hacia un final esperable: atención, contención y cuidado. Pero no. Una vez estabilizada, la escena cambia de manera brutal: la cobertura médica —o la falta de ella— pasa a ser el filtro que define qué vidas merecen quedarse y cuáles deben irse.
El argumento administrativo se vuelve protagonista en un contexto donde debería reinar la humanidad. No estamos hablando de una consulta programada ni de un trámite burocrático: se trata de una recién nacida que minutos antes no podía respirar. La decisión de exigir obra social en ese momento no solo es cuestionable, sino profundamente deshumanizante.
Más grave aún es la forma en que se ejecuta: sin ambulancia, sin garantías, nuevamente en un patrullero. Como si la urgencia ya hubiera pasado. Como si el riesgo fuera un detalle menor. Como si la responsabilidad pudiera transferirse sin consecuencias.
Este caso deja una pregunta incómoda pero necesaria: ¿qué significa hoy la atención médica en el ámbito privado? Porque si la respuesta depende de una credencial, entonces el sistema está fallando en su esencia más básica.
No se trata de demonizar a toda la salud privada, sino de exigir límites claros. La emergencia no puede tener precio. La vida no puede entrar en una grilla de cobertura. Y mucho menos cuando se trata de una beba.
Lo que pasó no debería naturalizarse. Porque cuando se acepta que alguien puede ser derivado por no poder pagar, el problema deja de ser individual y se convierte en estructural. Y ahí, la sociedad entera queda en deuda.
