Con un decreto publicado este martes, el Ejecutivo eliminó la regulación que limitaba los aumentos en las cuotas escolares. Desde ahora, cada institución podrá decidir libremente el valor de sus matrículas y aranceles, lo que genera preocupación entre las familias por posibles subas.
11 de noviembre 2025.- A través del Decreto 787/2025, el Ejecutivo nacional desreguló por completo el sistema de precios en la educación privada. Desde ahora, las instituciones podrán fijar libremente sus matrículas y cuotas sin autorización previa del Estado. La medida deroga una norma vigente desde hace más de tres décadas y abre el debate sobre el impacto en las familias y la equidad educativa.
El Gobierno nacional oficializó este martes la desregulación total de los aranceles en los colegios privados, una medida que deja sin efecto el control estatal sobre el valor de las matrículas y cuotas mensuales.
La decisión, instrumentada mediante el Decreto 787/2025 publicado en el Boletín Oficial, deroga el Decreto 2417/1993, que durante más de treinta años estableció pautas de supervisión y autorización previa por parte del Estado en materia de aranceles escolares.
Según los fundamentos del nuevo texto, el esquema anterior “presentaba limitaciones y requerimientos que dificultaban la adaptación de los institutos de enseñanza a las realidades educativas y económicas del país”. En esa línea, el Ejecutivo argumentó que la regulación nacional había perdido sentido tras la transferencia de competencias educativas a las provincias.
El Gobierno sostuvo que la intervención estatal en la fijación de cuotas “generó efectos contraproducentes” al restringir la capacidad de los colegios para adecuarse a los costos del mercado. Además, señaló que los procedimientos burocráticos para modificar los valores “terminaban afectando a las familias”, ya que las instituciones aplicaban incrementos mayores al inicio del ciclo lectivo para compensar demoras en las autorizaciones oficiales.
La medida también pone énfasis en la libertad de contratación y el derecho de propiedad de los establecimientos privados, al destacar que deben tener plena autonomía para fijar “sus condiciones económicas, salariales y políticas de precios” sin intervención estatal.
Finalmente, el Ejecutivo instruyó al Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Educación, a revisar las normas que rigen el financiamiento de la educación privada —entre ellas el Decreto 2542/1991—, con el objetivo de avanzar hacia un “marco de libre competencia” que, según el texto oficial, permita garantizar “el derecho a una educación de calidad y la sostenibilidad del sector”.
