UNA DECISIÓN POLÍTICA QUE AGRAVA EL DESGASTE SOCIAL
RÍO GRANDE. VIERNES , 11 DE JULIO 2025– Un nuevo capítulo de desconexión entre el discurso político y la realidad territorial se instaló en el Concejo Deliberante. Concejalas y concejales del Movimiento Popular Fueguino impulsaron un proyecto para restringir el tránsito pesado sobre el Puente General Mosconi. Pero, como suele ocurrir en Río Grande, la propuesta llegó sin diagnóstico, sin estudio técnico, ni debate previo con quienes deben sostener el territorio: trabajadores, vecinos y transportistas.
La iniciativa, presentada por Matías Löffler, Florencia Vargas y Jonatan Bogado, propone desviar los camiones de carga hacia la Ruta 7. La medida, sin embargo, fue duramente cuestionada por el gremio de Camioneros y distintos sectores que advierten que la ruta en cuestión no está asfaltada, carece de infraestructura adecuada y no soporta el peso del transporte pesado, especialmente en contextos climáticos como el actual.
Los concejales, una vez más, parecen legislar desde la comodidad del escritorio. Proyectan sin caminar el territorio, sin evaluar el impacto social ni técnico de sus decisiones. La consecuencia no es menor: tensiones crecientes entre vecinos que reclaman seguridad vial y transportistas que exigen condiciones mínimas para trabajar sin poner en riesgo empleos ni cadenas de abastecimiento.
Vecinos de la Margen Sur explicaron que el problema no son los camiones chicos, sino los de gran porte con acoplado que en horarios pico vuelven el cruce del puente una odisea. Pero la solución no puede ser un desvío improvisado por una ruta en estado deplorable, sino una política integral de circulación y urbanismo.
Por otro lado, el Ejecutivo municipal sigue sin presentar una planificación urbana coherente. Ni un solo anuncio de relevancia sobre infraestructura vial, ni mantenimiento real en barrios históricos como Chacra II, Chacra XIII o el mismo INTEVU, donde las calles tienen años de abandono, pozos estructurales y nula inversión.
Río Grande transita tiempos complejos, donde cada decisión política sin sustento se convierte en un frente más de conflicto. Y cuando el Estado no organiza, la fragmentación social se agudiza.
En vez de ordenar, los concejales agitan. En vez de prever, el Municipio improvisa. Y mientras tanto, la ciudad paga las consecuencias.