BS AS, LUNES 7 DE JULIO 2025.-
En plena avanzada neoliberal, el Gobierno nacional oficializó la disolución del ENRE y el Enargas, dos organismos históricos de control público que hasta ahora regulaban los servicios de electricidad y gas en Argentina. La medida, dispuesta por el Decreto 452/2025, da origen al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, una estructura que quedará bajo el ala directa de la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, es decir, bajo el comando del propio Caputo.
Con esta jugada, el Ejecutivo avanza en una concentración sin precedentes de poder regulatorio, eliminando cualquier atisbo de autonomía técnica o independencia en el control de los servicios esenciales que afectan a millones de argentinos.
Lo llaman “eficiencia”, pero es ajuste y control político
El nuevo ente, justificado bajo los postulados de la Ley de Bases (Ley N° 27.742), tiene un plazo de 180 días para empezar a funcionar. Pero lo que se presenta como una “reorganización” o una “modernización” no es otra cosa que una maniobra para seguir desguazando el Estado y quitarle poder a los organismos que podrían frenar abusos de las empresas energéticas.
Hasta ahora, ENRE y Enargas eran entes autárquicos, con equipos técnicos y jurídicos capaces de actuar ante tarifazos, cortes, incumplimientos y conflictos con las concesionarias. Eran escudos –a veces débiles, pero escudos al fin– para los usuarios. Hoy, esa barrera desaparece y todo queda bajo control de un Ministerio que responde ciegamente al mercado.
El zorro al cuidado del gallinero
¿Quién regulará ahora a las eléctricas y gasíferas? ¿Quién controlará las tarifas? ¿Quién defenderá a los hogares más vulnerables frente a facturas impagables? La respuesta es tan clara como preocupante: nadie. O, peor aún: las propias reglas del juego las manejarán los mismos que hoy están vendiendo el país al mejor postor.
Esto no es sólo una fusión burocrática. Es parte de una estrategia deliberada de desmonte institucional, para que los sectores concentrados operen sin freno ni contrapeso.
En nombre de la “libertad”, Milei y su gabinete están construyendo una arquitectura de impunidad para los grandes jugadores del sistema energético, mientras los usuarios quedan completamente desprotegidos.
