Por Leonardo Di Benedetto – Periodista. Director de Pueblo Chico Noticias
Lunes 30 de junio 2025.- Mientras los hogares fueguinos pagan hasta $190.000 de gas en invierno, y la electricidad se volvió un lujo en gran parte del país, el Gobierno nacional decidió aplicar una nueva suba de tarifas en plena ola polar.
Otra vez, el ajuste no cae sobre la política ni sobre los poderosos. Cae sobre el calefactor del vecino.
Las resoluciones 280, 281 y 282 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial, confirman que a partir del 1° de julio los usuarios comenzarán a sentir un nuevo mazazo en sus facturas de gas y luz.
Las medidas se aplican a través de actualizaciones del precio mayorista del gas y la electricidad, que luego se trasladarán a los cuadros tarifarios. Es decir: todo lo que se decidió “en los papeles” terminará pegando directo en los bolsillos de los consumidores.
Entre los puntos más importantes:
- Se aumenta el precio máximo de la electricidad a $13.433 por MWh.
- Se ajustan los precios de referencia del gas en boca de pozo y del sistema de transporte.
- Se actualiza el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), base de las tarifas que recibe el usuario.
- Se revisarán contratos y cuadros tarifarios con las distribuidoras y transportistas.
- Las bonificaciones para sectores N2 (ingresos bajos) y N3 (medios) se mantienen en teoría, pero con límites de consumo que, al ser superados, activan el precio lleno.
Es decir: te subsidian hasta un punto, después, el frío lo pagás caro.
Esta “actualización” impactará de lleno en el sistema MEMSTDF (Mercado Eléctrico Mayorista de Tierra del Fuego), un sistema que ya viene tensionado, sin inversiones estructurales y con una tarifa que duplica y hasta triplica la de otras provincias del país.
¿Quién puede pagar este tarifazo con un salario congelado y paritarias que llegan tarde o nunca?
Se habla de “convergencia tarifaria”, “esquemas sostenibles”, “mercados competitivos” y “precios reales”. Pero en criollo, todo eso significa lo mismo:
subir la tarifa y reducir subsidios en el peor momento del año.
Todo esto bajo el paraguas de la emergencia energética declarada por los decretos 55/2023, 1023/2024 y 370/2025. Emergencia que parece no afectar a los grandes jugadores del mercado, pero sí a los usuarios residenciales, que ya están recibiendo facturas imposibles de pagar.
El sistema energético argentino no se cae por falta de cuadros tarifarios. Se cae por falta de decisión política de tocar intereses reales: las ganancias obscenas de las empresas del sector, la falta de control estatal y la ausencia de un plan serio para regiones como la nuestra.
En Tierra del Fuego y en la Patagonia, la calefacción no es un lujo: es una necesidad básica.
Pero en los despachos de Buenos Aires se sigue jugando con números, sin importar que del otro lado haya familias que deben elegir entre pagar el gas o alimentar a sus hijos.
Suben las tarifas, bajan las defensas sociales. Y el frío no espera.
La política energética no puede seguir siendo un Excel sin humanidad.
