MARTES 16 DE JUNIO 2025.-
Por Leonardo Di Benedetto.
Tolhuin, la ciudad vive una crisis institucional sin precedentes tras una denuncia penal que involucra directamente al intendente DANIEL HARRINGTON y a integrantes clave de su equipo de gobierno por violación de derechos humanos, abuso de poder y transgresión a las garantías constitucionales.
El caso gira en torno a la desadjudicación arbitraria y sin sustento legal de una vivienda social ubicada en Rupatini 560, donde una familia fue desalojada sin notificación previa, sin posibilidad de defensa y sin ningún acto administrativo formal. Los denunciantes aseguran que se trató de un acto de violencia institucional y un grave atropello contra los derechos constitucionales.
Por estos hechos, el Intendente y varios de sus funcionarios fueron formalmente notificados como IMPUTADOS, y se les hizo saber sus derechos y garantías procesales en el marco de una causa penal en curso.
Los imputados hasta el momento son:
DANIEL HARRINGTON – INTENDENTE DE TOLHUIN
ANA PAULA CEJAS – SECRETARIA DE GOBIERNO
VALERIA SANSOVAL – SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y ABORDAJE TERRITORIAL
ALEXIS SEBASTIÁN SOLÍS – SECRETARIO LEGAL Y TÉCNICO DEL MUNICIPIO
La gravedad del caso activó las alarmas políticas. ¿EL CONCEJO DELIBERANTE DE TOLHUIN PEDIRÁ EL JUICIO POLÍTICO AL INTENDENTE? esa es la pregunta que crece con fuerza entre los vecinos, que exigen respuestas urgentes. De concretarse, abriría la puerta a la posible destitución por mal desempeño, abuso de autoridad y violación de derechos constitucionales.
Muchos vecinos y vecinas manifestaron su repudio y preocupación, exigiendo justicia y que se tomen decisiones ejemplificadoras. Denuncian el avance de un modelo autoritario y persecutorio que utiliza recursos estatales para castigar a quienes no se alinean políticamente.
“Esto no es solo un abuso de poder. Es una clara señal de que el Estado está siendo usado para amedrentar y castigar, no para garantizar derechos”, expresaron desde el entorno de la familia afectada.
La justicia fueguina tiene ahora en sus manos la posibilidad de marcar un precedente: investigar a fondo y con imparcialidad los hechos, y en caso de comprobarse los delitos, aplicar las sanciones que correspondan.
La sociedad espera respuestas, y Tolhuin, más que nunca, exige justicia.
