En lo que algunos suponían un guiño al peronismo federal de Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, acompañando su postura dura contra la inmigración asociada al delito, quien salió a apoyar el decreto de Mariano Arcioni fue la ministra nacional de Seguridad, Patricia Bullrich.

Bullrich en declaró que “va en línea con lo que estamos planteando nosotros. Es una mirada, todavía no leí el decreto, pero imagino que va en línea con esta misma filosofía que estamos planteando nosotros. No podemos permitir la delincuencia importada. Está un poco en esta misma idea de que no son bienvenidos aquellos que no vienen a trabajar”.

El gobernador Mariano Arcioni firmó un decreto que plantea “disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.

El decreto, de cuatro artículos, señala que será el Ministerio de Gobierno el encargado de firmar acuerdos con los organismos para “impulsar la formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación”.

El ministro de Gobierno y responsable de seguridad provincial, Federico Massoni, declaró que “si bien todos los extranjeros que vienen a progresar y a establecerse con sus familias, contarán con todo el apoyo, aquellos que tienen la intención de delinquir, no van a poder ingresar a Chubut”. Sin embargo surge la pregunta¿Cómo se mide la intención de delinquir?

Massoni explicó que “el decreto contempla la expulsión de los extranjeros que cumplen condenas o con condenas no firmes [solo en primera instancia, sin condena posterior a la apelación y técnicamente aún inocente]. Asimismo, prohíbe el ingreso a Chubut de los extranjeros que cuenten con antecedentes”.

Por otro lado, en una provincia con fuerte inmigración interna y externa, ¿cómo controlar el ingreso? Se transformarán los puestos de Arroyo Verde y Lago Puelo en puntos coordinados con el Ministerio de Interior para el chequeo de antecedentes penales?

Según el ministro Massoni, “en la realidad actual de Chubut se demuestra que el aumento del número de delitos está relacionado con la presencia en el territorio de ciudadanos extranjero. Los chubutenses no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio y cuando, con el esfuerzo del Estado y la Policía se los detiene, cada ciudadano aporte $ 4700 diarios para mantenerlos”.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich brindó su apoyo al decreto al afirmar que “hay un pacto implícito de por qué vienen acá, que debería ser para progresar, para trabajar, para intentar tener una vida mejor o por elección. Lo vivo con la misma dimensión que para los argentinos. Me parece que esta es una filosofía: el que comete un delito tiene que tener una consecuencia”.

Especialistas en derecho advierten que una medida de este tipo podría colisionar con el sistema federal, adoptando una medida propia de un estado soberano, como lo es la expulsión del territorio. Tampoco sería constitucional prohibir el ingreso a un individuo con antecedentes penales -que ya purgó su condena- o expulsar a quien no tenga condena firme.

Quien impulsó el debate sobre un fuerte control migratorio con expulsión de inmigrantes ligados al delito -aún antes que la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich- fue el senador peronista por Río Negro Miguel Ángel Pichetto.

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