25 de mayo 2024
Sin Pacto de Mayo y con la pulseada por la ley Bases abierta, los gobernadores patagónicos se mantienen activos y buscan devolverle el vigor inicial a la liga regional que integran. A casi tres meses del acto fundacional en Puerto Madryn, los mandatarios están en contacto permanente para negociar desde una posición de fortaleza con Nación y poner en consideración los temas de interés común.
En la alianza que integran Ignacio «Nacho» Torres (Chubut), de Juntos por el Cambio (JxC); Gustavo Melella (Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur) y Sergio Ziliotto (La Pampa), de Unión por la Patria (UP); y los provincialistas Claudio Vidal (Santa Cruz); Alberto Weretilneck (Río Negro); y Rolando Figueroa (Neuquén) tallan tópicos transversales a sus provincias, como hidrocarburos, tarifas, energía y pesca, entre otros.
De la inclinación de esos distritos dependerá buena parte del futuro de la nueva ley ómnibus, ya que nuclean a 18 de los 72 senadores. Pese a que, tal como reconocen, «es un día a día», los últimos movimientos sureños no son del todo auspiciosos para un Gobierno que esta semana osciló entre el espectáculo musical del Presidente, la escalada del dólar Blue, los ruidos internos y la revuelta en Misiones.
Amparos judiciales contra Nación por tarifas y transporte
Desde Tierra del Fuego llegaron noticias judiciales. El gobernador Gustavo Melella logró encolumnar a los principales espacios políticos de la provincia y, con apoyo de comerciantes y representantes de la sociedad civil, llevó un amparo colectivo ante la Justicia federal de Río Grande para revertir las subas de gas en su territorio. El documento fue suscripto por los intendentes de Ushuaia, Walter Vuotto; Río Grande, Martín Pérez; y Tolhuin, Daniel Harrington, entre otros.
En un acto realizado en la Casa de Gobierno, que incluyó vía a Zoom a dirigentes de distintas partes de la provincia, Melella también sumó los respaldos de las dos senadoras de UP, María Eugenia Duré y Cristina López. Más tarde se plegó Pablo Blanco, de la UCR, tercer representante del distrito en la Cámara alta, quien manifestó su apoyo en las redes sociales.
El mandatario dijo que se trató de un «día histórico» y consideró que «no es un amparo del Gobierno, sino de todos los fueguinos», entendiendo que ante esta situación “estamos todos juntos defendiendo algo que nos perjudica a todos”. A la vez, denunció un «brutal tarifazo» por parte de Nación y explicó: «En Tierra del Fuego tenemos un consumo muchísimo más alto que en otras provincias, por lo que resulta absurdo que tengamos el precio del gas a un valor apenas 3% menor que en CABA, cuando la Patagonia es productora de hidrocarburos”.
La gestión fueguina no solo pretende que se retrotraigan las tarifas, sino también que se devuelva la diferencia que se cobró o se quiere cobrar. Además, aclaró que, si hubo cortes porque no se pudo pagar el servicio, deberán reconectar a las personas afectadas.
El impacto del aumento de abril golpeó con dureza. Desde los municipios australes denunciaron la llegada de boletas de Camuzzi con cobros por hasta $203.000 para usuarios residenciales y de casi $2 millones para clubes. Se trata de un aumento del 800%, de acuerdo al relevamiento. En Balcarce 50 están anoticiados del impacto. Por eso, y por lo que consideran buenos resultados fiscales, decidieron postergar las subas pautadas para mayo.
Siguiendo esa senda, Chubut también ultima los detalles para dos presentaciones ante la Justicia: una, por tarifas, y la otra, por subsidios al transporte.
Respecto al segundo ítem, el fiscal de Estado de la provincia, Andrés Giacomone, denunció una «discriminación lamentable por parte de quienes tienen que tomar decisiones que afectan a los ciudadanos que utilizan el transporte a diario” y expresó que “el gobernador Torres fue muy claro: tenemos que defender los intereses de los chubutenses y esta no será la excepción”. En febrero, el pampeano Sergio Ziliotto ya había llevado el tema ante la Corte Suprema.
A mediados del mes, Santa Cruz había abierto el camino, presentando una demanda colectiva ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia. “Es un reclamo que ha llevado adelante el gobernador. Él ha ido a Nación a plantear esta situación y, al no tener una respuesta clara de parte de los funcionarios, se optó, a través del fiscal de Estado, por hacer esta presentación de este amparo”, aseguró Marcelo de la Torre, titular de Distrigas.
El gobernador Claudio Vidal tiene varios frentes abiertos con la administración libertaria. Además de la disputa por las tarifas, continúa exigiendo que se quite a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT) de la lista de empresas sujetas a privatización. Al respecto, el secretario general de Luz y Fuerza de la Cuenca, Luis Avendaño, denunció al diario provincial Nuevo Día que avanza el «desguace» del yacimiento.
«Nos están sacando la gente, a los trabajadores de central de 240, y los están mandando a otros sectores. Creemos que hay una cuestión de fondo, que no la conocemos pero podemos legar a intuir y podría significar que tengan intenciones y están preparando el terreno, de vender la central, y por eso necesitan sacar gente de ahí», disparó.
Por otra parte, la parálisis de las obras en la represas Néstor Kichner y Jorge Cepernic, financiadas con capitales chinos, ya dejaron cesantes a más de 2.000 trabajadores. La administración santacruceña le reclama al Gobierno la firma de la Adenda XII, que permitiría avanzar con los proyectos. Ese fue uno de los temas de conversación en el viaje que la canciller Diana Mondino encabezó al gigante asiático a fines de abril. Aunque en la Casa Rosada destacan que habría buena voluntad para destrabar el acuerdo, la narrativa oficial respecto a Beijing no ayuda a que aparezca el dinero.
Fuente: Ámbito Financiero.
