La Anses dio luz verde al trámite gratuito por el cual los hijos de víctimas de femicidios podrán acceder a una reparación económica mensual que equivale a una jubilación mínima. El trámite representa el inicio de la aplicación de la Ley Brisa, sancionada en julio del año pasado en el Congreso, y que el Poder Ejecutivo reglamentó en octubre.

A partir de ahora, podrán acceder al beneficio los menores de 21 años que perdieron a su madre por femicidio. Hay un requisito: el padre o pareja de la mujer al momento del crimen debe estar condenado o tener un procesamiento firme por el femicidio.

La propia Anses dio a conocer una guía que estipula los pasos a seguir. Se debe reunir la documentación correspondiente y firmar los formularios frente a un representante del organismo, y luego sacar el turno para tramitar la reparación. Se debe presentar DNI; partida de nacimiento que acredite el vínculo con la víctima; certificado o partida de defunción; copia del auto procesamiento, auto de elevación a juicio oral o sentencia de condena firme; eventualmente, certificado de discapacidad. A su vez, el representante del menor deberá aportar sentencia de homologación de la guarda administrativa expedida por Organismo Provincial de Niñez; y original y copia del Testimonio o de la Sentencia o del Certificado de Guarda/Tutela/Adopción/Curatela expedido por autoridad judicial.

El trámite es individual, así que si hubiera más de un hijo en condiciones de acceder al beneficio, cada uno debe hacer el trámite por separado. El monto a percibir se actualiza por la ley de movilidad. La Anses precisó que “la reparación económica es compatible con el cobro de Asignación Universal por Hijo, Asignación Familiar, pensiones y regímenes alimentarios”; y que es incompatible “con otros beneficios otorgados por el Estado nacional, provincial o municipal que tengan carácter reparatorio por el mismo hecho”, por lo cual se deberá optar por uno de esos beneficios.

La Ley Brisa lleva su nombre por la hija de Daiana Barrionuevo, una joven de 24 años asesinada a golpes en 2014 por su pareja. Brisa y dos hermanitos mellizos quedaron a cargo de su familia materna en Moreno, con muy pocos recursos. La Casa del Encuentro tomó su caso para impulsar la ley.  Se calcula que en la última década unos 3300 chicos perdieron a sus madres por femicidio. De ellos, 2100 son menores de 21 años.

Fabiana Túñez encabezaba la Casa del Encuentro en aquel entonces y ahora está al frente del Instituto Nacional de las Mujeres, encargado de la reglamentación de la norma, que beneficia incluso a los chicos que perdieron a sus madres antes de la sanción de la ley. El artículo 9 es el que establece que los menores de 21 años “tienen derecho a que el Estado nacional les asigne una cobertura integral de salud, la cual debe cubrir todas las necesidades de atención de su salud física y psíquica”. La ley fue sancionada en su momento por unanimidad.

Familiares de víctimas de femicidios celebraron la aprobación de la ley en julio e impulsaron luego el reclamo por la pronta reglamentación ante la demora del Gobierno en hacerlo. “Si bien para el Estado son cifras insignificantes, para las familias implica que no falte plata para la comida o la vestimenta de los chicos”, había dicho en esas semanas a este diario Lorena Fernández, hermana de una víctima de femicidio que dejó tres hijos. Además de sus sobrinos debe atender a sus dos hijos. Ahora, ellos, como muchos otros, podrán tener un dinero que los ayude.

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